Rule 5.3 Responsabilidades Por La Conducta De Asistentes Que No Son Abogados O

[1] El inciso (a) requiere que las personas que ejercen la abogacía con autoridad gerencial dentro de una oficina legal realicen esfuerzos razonables para asegurar que la oficina legal disponga de medidas que aseguren razonablemente que quienes no son abogados o abogadas que laboran dentro de la oficina legal, así como las personas que laboran fuera de la oficina legal y trabajan en asuntos de la oficina, actúen de una manera compatible con las obligaciones profesionales de las personas que ejercen la abogacía. Véanse el comentario [6] de la Regla 1.1 (contratar con otras personas que ejercen la abogacía) y el comentario [1] de la Regla 5.1 (responsabilidades de personas que ejercen la abogacía que tienen autoridad gerencial). El inciso (b) aplica a personas que ejercen la abogacía que tienen autoridad de supervisión sobre personas que no son abogadas dentro o fuera de la oficina legal. El inciso (c) especifica las circunstancias en las que una persona que ejerce la abogacía es responsable de la conducta de las personas que no son abogadas dentro o fuera de la oficina legal que constituiría una violación de estas Reglas si fuera llevada a cabo por un abogado o una abogada.

Integrantes de la oficina legal

[2] Por lo general, las personas que ejercen la abogacía contratan a asistentes en su práctica, lo cual incluye personal administrativo, investigativo, estudiantes de Derecho y paralegales. Este personal asistente, ya sean empleados, empleadas o contratistas independientes, actúan a nombre de la persona que ejerce la abogacía en la prestación de servicios profesionales. Una persona que ejerce la abogacía debe proveer instrucciones y supervisión adecuada a este personal, sobre los aspectos éticos de su trabajo, especialmente con respecto a la obligación de no divulgar información relacionada con la representación de las y los clientes, y debe ser responsable del producto del trabajo de este personal. Las medidas utilizadas para supervisar a las personas que no son abogadas deben considerar el hecho de

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que no tienen capacitación legal y no están sujetas a la disciplina profesional de las personas que ejercen la abogacía.

Personas que no son abogadas y no son integrantes de la oficina legal

[3] Una persona que ejerce la abogacía puede utilizar a personas que no son abogadas y que no son integrantes de la oficina legal para ayudar en la prestación de servicios legales para una o un cliente. Algunos ejemplos incluyen la contratación de un servicio de investigación o paralegales, contratar una empresa de manejo de documentos para crear y mantener una base de datos para litigios complejos, enviar documentos de su clientela a una tercera persona para imprimir, escanear o digitalizar y usar un sistema basado en el Internet u otro sistema similar para almacenar información de la clientela. Al utilizar tales servicios externos a la oficina legal, una persona que ejerce la abogacía debe hacer todos los esfuerzos razonables para asegurar que los servicios se presten de manera compatible con las obligaciones profesionales de la persona que ejerce la abogacía. El alcance de esta obligación dependerá de las circunstancias, incluida la educación, la experiencia y la reputación de las personas que no son abogadas; la naturaleza de los servicios a prestar; los términos de cualquier acuerdo relacionado con la protección de la información de la o del cliente; y los entornos legales y éticos de la jurisdicción en la cual se realizarán los servicios, particularmente con respecto al deber de confidencialidad. Véanse también las Reglas 1.1 (competencia), 1.2 (alcance de la representación), 1.4 (comunicación con la o el cliente), 1.6 (confidencialidad), 5.4(a) (independencia profesional de la persona que ejerce la abogacía) y 5.5(a) (práctica no autorizada de la abogacía). Al contratar o dirigir a una persona externa que no es abogada, una persona que ejerce la abogacía debe comunicar las instrucciones que sean apropiadas bajo las circunstancias para dar una seguridad razonable de que la conducta de la persona que no es abogada es compatible con las obligaciones profesionales de la persona que ejerce la abogacía.

[4] Cuando la o el cliente dirige la selección de un proveedor de servicios particular que es un no abogado o no abogada que no forma parte de la oficina legal, la persona que ejerce la abogacía debe generalmente pactar con la o el cliente la distribución de la responsabilidad de la supervisión entre la o el cliente y la persona que ejerce la abogacía. Véase la Regla 1.2. Al hacer tal distribución en un asunto pendiente ante un tribunal, las personas que ejercen la abogacía y las partes podrían tener obligaciones adicionales que son un asunto de Derecho que va más allá del alcance de estas Reglas.

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