Rule 26 Cargos y encomiendas incompatibles

Las prohibiciones que establece el canon son restricciones que limitan el ejercicio de derechos que le asisten a todo ciudadano o ciudadana al amparo de la Constitución y a las que todas las juezas y todos los jueces acceden libre y voluntariamente al ser nombrado en su cargo. Con ellas se pretende garantizar la corrección y la apariencia de corrección de toda actuación judicial, de modo que se preserve la confianza ciudadana en la independencia e imparcialidad en la administración de la justicia. Se pretende evitar, además, que la Judicatura se involucre en actividades que originen notoriedad indeseable. Este canon reitera la primera oración del Canon VIII de Ética Judicial de 1977, que es una prohibición de carácter general dirigida a evitar que las juezas y los jueces acepten posiciones, cargos o encomiendas que sean incompatibles con sus responsabilidades judiciales. Los incisos (a), (b) y (c) mencionan las categorías de posiciones o cargos que las juezas o los jueces no deben aceptar, al establecer la incompatibilidad de toda posición, cargo o encomienda que lesione la imagen de imparcialidad de la Judicatura o que origine la creencia razonable de que las juezas o los jueces actuarán con parcialidad o prejuicio en asuntos que puedan ser llevados ante su consideración. En términos generales, la participación en gestiones privadas debe limitarse a aquellas que no le resten tiempo a las funciones judiciales o que pongan en riesgo la imagen de imparcialidad y sobriedad que enaltece a la Judicatura. El inciso (b) reitera la norma del Canon VIII de Ética Judicial de 1977, que declara incompatible toda actividad o gestión que origine notoriedad indeseable. El inciso (c) amplía el texto del Canon VIII para declarar incompatible toda actividad o gestión en la que el prestigio o autoridad del cargo judicial pueda ser percibida como influencia indebida, independientemente de que tal actividad o gestión se realice ante foros gubernamentales o privados. Esta prohibición del inciso (c) debe interpretarse conjuntamente con la norma del Canon 25 de estos cánones, en su segundo párrafo, que prohíbe a las juezas y a los jueces comparecer a vistas públicas ante algún organismo del Poder Ejecutivo o Legislativo, excepto cuando se les cite sobre asuntos relativos al Derecho, al ordenamiento jurídico o la administración de la justicia, o para representar sus intereses privados en calidad de ciudadano. Los incisos (e)(1), (e)(2), (e)(3),(e)(5) y (e)(6), que corresponden a los incisos (a), (b),

(c) , (d) y (e) del Canon VIII de Ética Judicial de 1977, enumeran las posiciones o cargos que, dentro de la estructura administrativa y de gobierno del Colegio de Abogados, de otros organismos públicos y de asociaciones de abogadas y abogados, son incompatibles con las funciones judiciales. La nueva redacción de los incisos (e)(3) y (e)(5) (incisos (c) y (d) del Canon VIII de Ética Judicial de 1977), al ampliar la norma allí expresada, permite como excepción que las juezas o los jueces colaboren en calidad de miembros de cualquier comisión del Colegio de Abogados o de cualquier comisión de otra agrupación o asociación de abogadas y abogados en Puerto Rico, siempre y cuando ello no plantee un conflicto con estos cánones. La utilización de esta norma de excepción requerirá de todas las juezas y todos los jueces que, previo a tomar su decisión de pertenecer a alguna comisión en la

manera permitida, realice una evaluación cuidadosa, si los trabajos de la comisión se relacionan directamente con el mejoramiento de las leyes, el sistema legal o la administración de la justicia y si su participación en la comisión arrojaría duda razonable sobre su capacidad para actuar con imparcialidad en el desempeño de las funciones judiciales. Criterios como los siguientes apuntan a que la participación no estaría en conflicto con los cánones: (1) los trabajos están dirigidos o se relacionan con la manera en que los tribunales funcionan para impartir justicia equitativa e imparcial; (2) se adoptan posiciones claras sobre el sistema legal y asuntos que impactan directamente a la Rama Judicial; (3) los miembros representan a sectores diversos con distintos puntos de vista; (4) la estructura permite que las juezas o los jueces participen únicamente en asuntos relacionados con el mejoramiento de las leyes, el sistema legal y la administración de la justicia. Por el contrario, los siguientes criterios son indicio de que la participación en una comisión podría representar un conflicto con los cánones, esto es, cuando la comisión:

(1) tiene un objetivo ulterior que no es el mejoramiento del sistema legal, sino un fin social, político o cívico;

(2) aboga por los derechos de determinadas personas en casos específicos;

(3) está compuesta por miembros que representan un solo punto de vista;

(4) tiene algún miembro que comparecerá a la sala de una jueza o de un juez como parte o testigo;

(5) se dedica a brindar ayudas, guías o apoyo a personas que participan en algún proceso judicial, o

(6) aboga por legislación con el fin de beneficiar a una causa o grupo particular. El inciso (e)(4) del canon propuesto reitera la norma del Canon VIII de Ética Judicial de Ética Judicial de 1977, que prohíbe a las juezas y a los jueces participar directa o indirectamente en campañas eleccionarias de candidatos o candidatas a cargos en el Colegio de Abogados o en otras agrupaciones de abogadas o abogados. Reconoce, en cambio, su derecho a votar en los procesos eleccionarios de estas organizaciones. Los incisos (e)(7) y (e)(8) (incisos (f) y (g)) del Canon VIII de Ética Judicial de 1977 pretenden evitar la participación de las juezas y los jueces en procedimientos cuasi judiciales o de mediación en los cuales la autoridad de su cargo pudiera originar influencia indebida.