Rule 27 Prohibición del ejercicio privado de la abogacía y la notaría

Este canon prohíbe de manera absoluta a las juezas y a los jueces el ejercicio de la abogacía y de la notaría, para así evitar conflictos de intereses o la apariencia de parcialidad y actuación impropia en el ejercicio de las funciones judiciales. El ejercicio de la abogacía y de la notaría es incompatible con las funciones judiciales, por lo que la prohibición también ha sido establecida en el Artículo 2.015 de la nueva Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24m). La prohibición no se extiende a las funciones de autenticación y autorización de documentos, conforme dispone la Ley de 12 de marzo de 1908, según enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 890, 892 y 892(a). En cuanto a la obligación de rendir informes mensuales sobre la autorización de estos affidávits o declaraciones de autenticidad (4 L.P.R.A. 892(a)), el Memorando Núm. 174 de 16 de febrero de 1996 instruye a los miembros de la Judicatura a remitir dichos informes a la Directora Administrativa o al Director Administrativo de los Tribunales en el formulario correspondiente. La prohibición que se establece en la segunda oración del canon es nueva y pretende evitar que las juezas y los jueces participen como asesoras legales o asesores legales, ya sea de individuos o de entidades públicas o privadas, independientemente de que la asesoría conlleve o no remuneración. La prohibición parte de la premisa de que el asesoramiento legal constituye un ejercicio de la abogacía y de que los miembros de la Judicatura, si realizan esta actividad, se podrían colocar en la delicada posición de tener que emitir juicio sobre controversias que potencialmente pudieran ser llevadas ante foros adjudicativos. Tal actuación podría minar la confianza en la imparcialidad de la jueza o del juez y de la Judicatura en general respecto a cualquier asunto que pueda ser sometido ante los tribunales, particularmente si el asesoramiento legal ocurre en el contexto de alguna discusión pública. Asimismo, la opinión de las juezas o de los jueces en el contexto de una discusión ante un foro adjudicativo o deliberativo, apoyada por el prestigio y la autoridad de su cargo, podría ser percibida como influencia indebida. La prohibición no está reñida con la función educativa y de orientación que, sin constituir asesoría, todas las juezas y todos los jueces deben realizar. Tampoco impide que formen parte de asociaciones que promuevan la capacitación profesional de la Judicatura ni prohíbe que participen en actividades que se apartan del contexto jurídico, siempre y cuando la participación esté acorde con éste y los demás cánones.

El segundo párrafo reitera la segunda oración del Canon IX de Ética Judicial de 1977, que prohíbe recomendar a abogadas o abogados para la prestación de servicios profesionales en causas particulares. Esta prohibición parte de la premisa de que una recomendación de las juezas o los jueces en torno a la idoneidad de una abogada o un abogado para atender determinados asuntos puede ser percibida por las ciudadanas y los ciudadanos como una invitación indebida a utilizar unos servicios profesionales en particular. Tal actuación puede dar la impresión de que las juezas o los jueces "confían más en el criterio de un abogado que en el de otro, independientemente de que se trate de un asunto en el que el juez no intervendrá directamente". In re Suárez Marchán, 159 D.P.R. 724, 736 (2003). La prohibición pretende, además, evitar que las ciudadanas y los ciudadanos se vean compelidas y compelidos a seguir recomendaciones en torno a servicios profesionales por el mero hecho de provenir de un miembro de la Judicatura. Esta norma se amplía para establecer una excepción a la prohibición con el fin de permitir que se pueda hacer tal recomendación cuando se trate del manejo de asuntos de familiares de las juezas y los jueces, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad. La excepción reconoce que existen circunstancias inevitables en que las juezas y los jueces se involucran de manera incidental en los asuntos legales de sus familias, amistades o los propios, ya sea aconsejando, redactando o revisando documentos, sin que su participación conlleve remuneración o una relación de abogado y cliente. En tales circunstancias, las juezas y los jueces siempre tendrán presente la prohibición absoluta de este canon a fin de evitar que su participación trascienda los límites de la informalidad y configure la conducta prohibida.