Rule 36 Actividades económicas

Este canon, al establecer parámetros para la conducta de las juezas y los jueces en el contexto de negocios, actividades o transacciones comerciales, económicas o financieras,

prohíbe la utilización del cargo o el prestigio del cargo judicial para obtener un beneficio económico propio, para familiares o para otras personas. También prohíbe que las juezas y los jueces, al participar en la sociedad como consumidores de bienes y servicios, obtengan beneficios, privilegios o concesiones especiales por razón de sus cargos. Prohíbe, además, participar en actividades económicas o comerciales, cuando éstas pudieran originar conflictos con el cabal cumplimiento de los deberes judiciales. Un negocio, actividad o transacción comercial, económica o financiera origina conflictos con los deberes del cargo judicial cuando, por razón de la naturaleza de la relación que existe entre las juezas o los jueces y tal negocio, actividad o transacción, las juezas o los jueces se colocan en una situación en la que se les puede razonablemente imputar parcialidad, prejuicio o la apariencia de parcialidad o prejuicio en la adjudicación de una controversia. Igualmente, el canon impone a las juezas y a los jueces el deber de examinar con cautela si los negocios, actividades o transacciones comerciales, económicas o financieras en las que participan o se proponen participar pudieran originar conflicto de intereses con sus funciones judiciales. Este deber les exige estar alertas ante posibles conflictos de interés en toda actividad en las que sus asuntos financieros estén involucrados. De acuerdo con lo anterior, y en conformidad con la prohibición del nuevo inciso (c), las juezas y los jueces evitarán fungir como tales en cualquier pleito cuyo resultado pudiera afectar sustancialmente sus intereses económicos o financieros. Véase In re Solicitud de Lugo Bougal y Arraiza, 112 D.P.R. 134 (1982). Un resultado de un pleito tiene efecto sustancial sobre intereses económicos o financieros cuando incide sobre el valor o la cuantía de acciones, bonos u otros valores o inversiones económicas pertenecientes a las juezas o a los jueces, o a sus familiares. Ausente un posible efecto de este tipo, la intervención en un pleito se regirá por los demás principios de estos cánones que imponen el deber de actuar con cautela y prudencia para evitar posibles conflictos de intereses o la apariencia de conflicto de intereses. En aquellos pleitos cuyo resultado pudiera afectar los intereses económicos o financieros de las juezas o de los jueces, pero no de manera sustancial, es deseable que las juezas o los jueces divulguen a las partes en qué consiste tal interés y si éste afecta o no la adjudicación imparcial de la controversia, para que queden debidamente informadas sobre el asunto y se tome el curso de acción correspondiente. El canon prohíbe, además, que las juezas y los jueces participen directa o indirectamente en actividades de recolección de fondos, independientemente del uso que se pretenda brindar y de la entidad que promueva la recolección. Se trata de una norma general dirigida a evitar que las juezas y los jueces, o las entidades promotoras o beneficiarias de los fondos, se aprovechen de la imagen de autoridad de la Judicatura para compeler a los ciudadanos y a las ciudadanas a cooperar en la recolección de los fondos o a aportar donativos. No obstante, la prohibición no debe entenderse en el sentido de impedir que las juezas y los jueces participen en juntas y comisiones de

organizaciones culturales y cívicas, a menos que la participación conlleve la gestión de recolectar fondos, en cuyo caso la participación estaría vedada bajo el canon. Finalmente, es recomendable que las juezas y los jueces examinen este canon conjuntamente con el Canon 20, que dispone sobre la inhibición, lo que les ayudará a determinar si en las circunstancias particulares ese es el mecanismo que deben utilizar para evitar incurrir en la conducta prohibida.

PARTE VI. INFORMES